El reciente cambio de signo en el gobierno central y la actual coyuntura económica (expresión que, por otra parte, se ha convertido en sinónimo de "agárrate que viene curva") sugieren una inminente modificación del sistema impositivo español. Entre las muchas propuestas destacan las respaldas por la doctrina "que paguen los ricos" que sugieren cargar los patrimonios altos para redistribuir la riqueza; sensible como esto puede parecer, quiero motivar al lector a tener en cuenta ciertos aspectos antes de apoyar una opción u otra.
Como establece la carta de los derechos humanos, todos nacemos iguales. Ahora bien, y esto es importante, la famosa declaración no dice que seamos iguales, solo que nacemos tal, lo cual no es incompatible con una diferenciación individual en base a méritos propios.
Así pues, supongamos que dos personas parten de una misma base: mismas oportunidades, mismos recursos, mismas ayudas... La persona A decide aprovechar esas oportunidades al máximo, ahorrar continuamente parte de lo ganado, luchar por ascensos y subidas de sueldo. La persona B se conforma con lo mínimo y decide disfrutar de lo ganado sin ahorrar ni un ápice. La persona A acabará generando un patrimonio que le permitirá una vida mucho más holgada que la persona B, creando una condensación de riqueza relativa (el patrimonio de A es significativamente mayor que el de B).
Bajo el principio de la distribución de la riqueza ("que paguen los ricos"), deberíamos gravar el patrimonio de A para compensar la pobreza relativa de B, pero esto sería doblemente injusto. Primero porque estaríamos penalizando los esfuerzos de A y premiando el conformismo de B. Y segundo porque estaríamos gravando los rendimientos de A dos veces: primero cuando obtiene su dinero (a través del IRPF) y luego otra vez por el mero hecho de no gastarlo; es más, a cada año sucesivo que A no consuma su patrimonio volverá a pagar su tasa al Estado, pagando nuevamente por el mismo concepto. Es por esto que el impuesto al patrimonio debería ser abolido en todas sus formas.
Ahora bien, soy consciente de que hay un componente de mi argumento que puede fallar en muchos casos: la asunción de que A y B parten de la misma base. España ha acometido grandes reformas para asegurar que las mismas oportunidades son otorgadas a todos los ciudadanos, pero eso no significa que los recursos de que disponemos sean los mismos. Si A proviene de buena familia y cuenta con vastos recursos para clases de refuerzo privadas, estancias en el extranjero, etc., partirá con ventaja con respecto a B a la hora de alcanzar méritos, y esto SÍ es injusto. ¿Cómo allanar las ventajas de A heredadas por el patrimonio de su familia sin castigar a los padres de A por sus méritos?
La respuesta se halla en la misma pregunta: herencia. La diferencia entre A y B es que A ha hereda un patrimonio de sus padres que B no puede utilizar. Así pues, siendo que la ventaja de A proviene del patrimonio heredado, gravemos la herencia. Admitámoslo, hace falta esfuerzo para acumular patrimonio a base de trabajar, pero no hace falta dar bien con bola para acumularlo por herencia. El concepto de herencia es, desde un punto sociológico, intrínsecamente injusto: tendremos más o menos oportunidades no dependiendo de nuestros propios méritos, sino dependiendo de dónde hayamos nacido (lo que Warren Buffett llama "la lotería del útero"). Gravemos la herencia, hagamos pagar a aquellos que reciben riqueza sin haber luchado por ella, y utilicemos este impuesto para compensar a los que no parten con dicha ventaja.
En conclusión, y como reza el título de esta entrada, no al impuesto al patrimonio, sí al impuesto de sucesiones.
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