Para reducir la siniestralidad en la carretera hay que cambiar la conducta de los conductores (valga el juego de palabras), eso lo sabemos todos. Y desde antaño se argumenta aquello de "la letra con sangre entra". Supongo que por eso una conclusión a la que llega la mayoría de la gente con rapidez es definir una serie de castigos ante conductas peligrosas, cosas que duelan lo suficiente como para que kamikazes e inconscientes se lo piensen dos veces antes de cometer esas barbaridades que algunos memos definen como "aventuras". ¿Y qué nos duele a todos? El bolsillo. Damas y caballeros, ha nacido la multa.
Ahora bien, esta medida tiene un subproducto pernicioso, y es que al mismo tiempo que penaliza al infractor beneficia a la administración, creando un peligroso conflicto de intereses en el lado estatal: mejorar los hábitos en la carretera implica privarle de una importante fuente de financiación. Y, a juzgar por algunas estadísticas, nuestros líderes no han sabido resistir a la tentación.
Parece ser que solo el 27% de los radares se encuentran en puntos negros, que es donde la DGT debería poner más atención. Autopistas y autovías registran apenas el 6% de ellos, y sin embargo concentran más de la mitad de los radares. Muchos de ellos están en largas rectas carentes de todo peligro o en zonas donde el límite de velocidad es absurdamente bajo. ¿Reducen la siniestralidad? En absoluto, pero generan suculentos dividendos a la administración en forma de sanciones.
La DGT argumenta que en muchas ocasiones la velocidad no es la causa de los accidentes en estos puntos negros, pero si la causa es otra (calzada estrecha, firme en mal estado, cambios de rasante excesivos, etc.) tampoco es que utilicen todo el dinero recaudado en arreglarlo. Total, que nosotros rascándonos el bolsillo para que al final todo se quede igual.
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